La petrolera estatal angoleña Sonangol tomó el control del gigante local de telefonía Unitel y amenaza así el puesto de presidenta ejecutiva de Isabel dos Santos, implicada en un escándalo de desvío de fondos públicos, con ramificaciones mundiales.
La petrolera estatal angoleña Sonangol tomó el control del gigante local de telefonía Unitel y amenaza así el puesto de presidenta ejecutiva de Isabel dos Santos, implicada en un escándalo de desvío de fondos públicos, con ramificaciones mundiales.
Dos Santos, de 46 años y a la cabeza de numerosos empresas, está acusada de fraude, malversación de fondos y blanqueo de dinero por la justicia de su país, que reclama la extradición de la multimillonaria que vive principalmente entre Londres y Dubái.
En un comunicado, Sonangol anunció haber comprado la empresa portuguesa PT Ventures, que poseía 25% del capital de Unitel, líder angoleño de telefonía móvil dirigido por la hija del expresidente José Eduardo dos Santos.
Esta compra lleva a 50% la parte de la petrolera en el capital de Unitel y le permite cambiar la composición de su consejo de administracón y nombrar a un nuevo jefe.
Dos Santos dirigía la empresa con el 25% de las acciones, y el 25% restante está en manos del general angoleño Leopoldino do Nascimento.
En su comunicado, fechado el viernes, la petrolera estatal justificó la compra en la necesidad de "estabilizar y normalizar" las actividades de la empresa, "paralizada" por un "conflicto entre accionistas" que "deterioró su situación económica y financiera".
Unitel posee 80% del mercado angoleño de telefonía móvil y emplea a miles de trabajadores.
El expresidente José Eduardo dos Santos, que dirigió Angola con mano de hierro durante 38 años (1979-2017), está acusado por sus detractores de haber saqueado la economía del país en beneficio de sus allegados.
Su sucesor en la presidencia, Joao Lourenço, los ha destituido de sus cargos en nombre de la lucha contra la corrupción.
Dos Santos, acusada de "vaciar la economía angoleña" y de acumular de manera fraudulenta una fortuna estimada en 2.100 millones de dólares, según las conclusiones reveladas por una investigación periodística del Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada "Luanda Leaks".
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