Muchos temen que la información personal recogida por los gobiernos o las empresas privadas en nombre del control de la pandemia pueda ser objeto de abusos.

A medida que más y más gobiernos recurren a las aplicaciones de rastreo en la lucha contra el covid-19 ha surgido un dilema entre la necesidad de proteger la salud pública y el derecho de las personas a la privacidad.